por La exclusión del sistema formal obliga a un importante porcentaje de la población a endeudarse con instituciones que no están reguladas y vulneran los derechos de las personas usuarias.
Junto con el interrogante acerca de cómo salimos de la pandemia, una de las discusiones que gana relevancia en el terreno de las instituciones financieras es cómo avanzar hacia la inclusión. Sucede que la crisis sanitaria iniciada en marzo del 2020 puso de manifiesto las dificultades que supone el acceso limitado a herramientas financieras -por parte de diversos segmentos de la población- para resolver la demanda de los bienes y servicios más básicos.
La crisis económica transitada durante los últimos años sumada al freno en la actividad que impuso la reciente pandemia tornaron prácticamente imposible llevar adelante la vida cotidiana sin recurrir a algún mecanismo de endeudamiento.
Y es aquí donde la necesidad de delinear un plan de inclusión financiera gana relevancia ya que la exclusión del sistema formal obliga a un importante porcentaje de la población a endeudarse con instituciones que no están reguladas y vulneran los derechos de las personas usuarias. Según datos del BCRA, a octubre del 2020 la cantidad de deudores asistidos por los OPNFC (Otros Proveedores no Financieros de Credito) supera los 6.1 millones, un 45% del universo total de deudores en todas las entidades.
Se abre entonces una nueva oportunidad de poner en debate público qué modelo es el que nos acerca a lograr el objetivo de bienestar financiero con inclusión económica y social. En este sentido, lo primero que debemos tener presente es que no existe un único “tipo” de inclusión financiera y, para poder entender de que se trata cada propuesta, hay tres preguntas básicas que debemos hacernos: ¿a quién/nes se propone incluir? ¿para qué? y ¿de qué manera?
Qué es la inclusión financiera
Pero antes de avanzar en detallar el por qué son relevantes esos tres interrogantes es necesario precisar a qué hacemos referencia cuando hablamos de Inclusión Financiera.
Si bien existen numerosas definiciones, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) brinda una de las explicaciones más completas del concepto: “es el proceso de promoción de un acceso asequible, oportuno y adecuado a una amplia gama de servicios y productos financieros regulados y la ampliación de su uso hacia todos los segmentos de la sociedad mediante la aplicación de enfoques innovadores hechos a la medida, incluyendo actividades de sensibilización y educación financiera con el objetivo de promover tanto el bienestar financiero como la inclusión económica y social”.
Cuando no es posible obtener deuda en el sistema formal se termina recurriendo a otras instituciones que al no estar reguladas exigen menos requisitos, pero suponen costos mucho más elevados
Es decir, cuando hablamos de inclusión financiera nos referimos a un conjunto de políticas, prácticas y herramientas que tienen como objetivo promover un acceso universal, sostenible e integral a una amplia variedad de productos y servicios financieros regulados. Este objetivo debe involucrar a todos los integrantes de la sociedad y la educación financiera aparece como una herramienta clave para lograrlo.
El ejercicio de pensar a quiénes se quiere incluir, para qué y de qué manera no es menor ya que generalmente cuando se piensa en el público destinatario de las políticas de inclusión suele aparecer rápidamente en el imaginario social la asociación: se encuentra fuera del sistema financiero– no accede a crédito – no tiene deuda.
Por Carolina Fernández. Publicado originalmente para BAE Negocios
