por Los trámites digitales permiten bajar costos, aumentar la eficiencia del Estado, de las empresas y reducir las brechas de ingresos y género. Argentina tiene toda la tecnología para hacerlo.
Hay un dato conocido: el Congreso de la Nación gastó el año pasado $520 millones en impresiones y resmas, y se estima en $800 millones la cifra para 2020. Si multiplicamos ese monto por todos los organismos de nación, provincias y municipios, podríamos concluir que es una gran masa de dinero por donde bajar el gasto público.
Sin embargo, se trata de mucho más que eso. El exceso de burocracia en Argentina, a todo nivel, demora inversiones, exportaciones, acceso a programas, además de innumerables trámites fundamentales para el funcionamiento de la economía y de todos los ámbitos de la sociedad. No menor: agranda la brecha de ingresos porque los sectores más desfavorecidos tienen menor flexibilidad de horarios, suelen trabajar en la informalidad, vivir más lejos de las oficinas de trámites y sus ingresos se ven afectados cuando se trasladan a realizarlos presencialmente.
Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los trámites digitales reducen 74% el tiempo con relación a los presenciales, cuestan muchísimo menos dinero, limitan la corrupción y ciudadanos, empresas y administración pública ganan en productividad. En la región, mientras que hacer un trámite público en Argentina lleva en promedio 4,8 horas, en Chile solo se necesitan 2,2 horas. Además, en nuestro país el 20% de los trámites requiere tres interacciones o más, lo que genera costos, ineficiencias y hasta podemos decir que amplía la brecha de género, porque suelen ser mayormente las mujeres quienes en el hogar se encargan de realizar esas tareas.
Otro dato relevante que surge del BID es que en Argentina solo el Gobierno nacional gestiona un promedio de 1.500 trámites diferentes, sumando a ellos los que llevan adelante los gobiernos subnacionales que suelen ser muchos más. Inscribirse para un solo programa, sacar un permiso para abrir un negocio y hasta denunciar un delito, algo ya muy común no solo en ciudadanos sino en empresas, generan demoras y pérdidas millonarias para la comunidad y, específicamente, encarece el proceso productivo.
Teniendo en cuenta todos estos factores, los países desarrollados iniciaron hace tiempo un proceso hacia la digitalización de la burocracia. Actualmente el 85% de los trámites en los países europeos se realiza online. En España, el 90% de los organismos públicos está en proceso de transformación digital, y 30% en estado avanzado. Para encaminar esa transformación se creó la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Lo que hicieron, básicamente, todos estos países fue aprovechar las tecnologías disponibles para converger hacia economías digitales, algo que perfectamente se puede emular en países como Argentina, siendo que las mismas tecnologías están disponibles localmente.
Claro, se usan muy poco. Posiblemente por escasez de personal capacitado, sobre todo especialistas en ciberseguridad, fundamentales para evitar hackeos que debiliten los procesos, pero también por desinterés, costumbre o aversión a los cambios. A nivel municipal, hay ciudades en atraso completo en la digitalización, casi sin trámites que puedan realizarse online, lo que genera demoras, largas filas, que con la pandemia quedaron visibles, y acumulaciones de archivos con papeles que ocupan espacios muertos. Provocan, además, un impacto ambiental, porque cuando finalmente se decide deshacerse de ellos tras décadas de acumulación, muy poco de ese material es reciclado ya que esa actividad es todavía baja en Argentina.
El gobierno anterior intentó ir hacia una desburocratización del Estado, pero, como mucho de lo que se propuso, quedó en el anuncio, solo con un leve arranque en algunas pequeñas experiencias que resultaron muy buenas. Sirven igualmente como muestra de su impacto positivo.
Plantear a las ciudades del país, grandes, medianas y pequeñas, como «ciudades digitales» es un buen paso en la reducción del costo de producción de los sectores público y privado. En el sector privado, la incorporación de esos procesos permite ganancias de eficiencias claras, como mejorar la administración de stock, evitar robos de mercadería o insumos, mejorar el vínculo con proveedores u obtener precios más beneficiosos, además de la ganancia derivada de un Estado más eficiente en los trámites que le brinda al sector privado.
La pandemia abre el momento justo para saltar a este camino. Sacó a la luz nuevas formas de trabajo, obligó a que las empresas adopten soluciones tecnológicas, permitió que la gente más reacia a utilizar tecnología para realizar trámites comience a hacerlo y, sobre todo, mostró los beneficios de esa modalidad. Demasiado para dejarlo pasar.
Por Victoria Giarrizo. Publicado originalmente para BAE Negocios
