por A través del Decreto 438/21 se estableció que los trabajadores que comiencen una relación laboral tendrán que permanecer un año en la obra social que les corresponda según la rama de actividad a la cual pertenecen. De esta manera se retoma lo establecido en 1998, que luego fuera modificado en 2001, año a partir del cual se comenzó a ejercer el derecho a cambio en el inicio del vínculo laboral.
Con este nuevo decreto se intenta dar cierre a un reclamo sindical que acusa desfinanciamiento del subsistema de la seguridad social.
Hagamos un breve recorrido del sector para entender de qué se trata y por qué esta medida deviene en limitada, y quizás también errada, para solucionar problemas estructurales que derivan en ineficiencias y desigualdades en torno a la atención sanitaria.
El sistema de salud en Argentina se basa en los principios de solidaridad y equidad. Se encuentra dividido en tres subsectores: el público; el de la seguridad social (obras sociales nacionales (OSN); provinciales (OSP); PAMI, otros); y el privado (empresas de medicina prepaga, emergencia, otros).
El subsector de la seguridad social tiene como recurso el aporte que realizan todos los trabajadores formales, que consta de una proporción pagada por el empleador (6%) y otra por el trabajador (3%): a mayor salario, más aporte. Además de este recurso, existen algunos programas estatales tendientes a mitigar riesgos y a afrontar diferenciales de costo por tratamientos prolongados o de baja frecuencia.
Ahora bien, en la década del 90 se habilitó la libre elección de obras sociales, lo que en la práctica permitió transferir aportes del sistema de salud a las empresas de medicina prepaga. A partir de esta normativa, se entiende que los aportes ya no son del sistema sino de cada empleado.
Esto dio lugar a lo que se conoce como “descreme del sistema”, en el cual se forman acuerdos entre empresas privadas y obras sociales pequeñas, las cuales devienen en intermediarios entre trabajadores y prestadores privados, a cambio de una comisión.
Si uno enumerase los desequilibrios del subsector de la seguridad social, podríamos decir que la concentración es uno de los más destacados, siendo las OSN el ámbito en donde más se manifiesta.
Según datos de la Superintendencia de Servicio de Salud (SSS) al 2020, las OSN ascienden a 291, las cuales brindan atención a 14,6 millones de afiliados en todo el territorio nacional; 24 institutos provinciales de obra social, que proveen servicios a cerca de 7,1 millones de afiliados; y el INSSJyP ( PAMI) que cubre a alrededor de 5,9 millones de afiliados.
Entre las OSN (excluyendo PAMI), las primeras 20 concentran el 53,6%, mientras que las 271 restantes cubren 46,4% del total de afiliados. Esta concentración deviene en una fuente de inequidad, debido a que existen agentes de salud con recursos por encima de la media y otros por debajo, lo que hace que no todos puedan brindar el mismo servicio prestacional. Esto resulta fundamental, dado que el sector presenta economías de escala en la prestación de servicios: a mayor cantidad de afiliados, menor será el impacto económico de determinado tratamiento.
En este marco, se estima que los ingresos mensuales de más del 50% de las OSN no alcanza a cubrir el costo del Programa médico obligatorio per cápita, que, según un reporte de ISALUD, en el año 2020, ascendía a $ 2541,53. Aquí debe contemplarse que los recursos de las OOSS vienen de los aportes del afiliado, pero la atención debe darse a todo el grupo familiar, de allí también derivan estas diferencias: hay OOSS en donde la relación titular-familiar es de 70-30%; mientras que en otras están repartidas casi en partes iguales.
En el caso de que un tratamiento o práctica (generalmente medicamentos o tratamientos de alto costo) no pueda ser cubierto por la obra social, se termina en una judicialización del caso, teniendo el Estado Nacional que cubrir dicha práctica o tecnología.
Particular atención debe darse al caso de los monotributistas, ya que hay OSN cuyo padrón de afiliados está compuesto en más de un 80% de éstos. Aquí lo que sucede es que no hay una escala de aportes según ingreso o categoría, sino que todos tienen el mismo cargo por obra social, que actualmente se encuentra en $ 1.408,87 por mes.
Como se desprende de estas líneas, el riesgo que se percibe de la diferencia en los recursos que reciben las OSN, es su capacidad prestacional, lo que pone en jaque la calidad de la atención de la salud y manifiesta inequidades, de allí surge la elección que hacen muchos trabajadores de poder pasarse a una entidad privada.
En el caso de estas últimas, se estima que brindan cobertura al 13% de la población, de los cuales 2,3 millones de personas serían voluntarios estrictos (5% de la población), mientras que el resto proviene de la derivación de aportes (3,6 millones de beneficiarios, representando el 8% de la población). La presencia de estas empresas no es uniforme a nivel nacional, sino que se concentran en las zonas más pobladas: CABA concentra el 49,9% de los afiliados, mientras que en el extremo opuesto se encuentra Formosa, con el 2% de los afiliados.
Ahora bien, este fenómeno del descreme es posible en el ámbito nacional, pero a nivel provincial el panorama cambia. En este caso, el universo de los afiliados a las OSP son los empleados públicos, afiliados obligatorios a dichas entidades, lo que implica que no pueden hacer opción de cobertura por parte de otras obras sociales o prepagas.
A modo de conclusión, se considera que esta medida desnuda una interna sindical y no asegura que todos los afiliados a las OSN van a recibir la misma atención, por el hecho mismo de que no todas tienen la misma capacidad prestacional. Además, se deslizó la singularidad de las provincias, que es una de las tantas disparidades regionales que se encuentran en nuestro país y que devienen en que el acceso a la salud no sea igualitario.
Las deficiencias del sector no sólo se manifiestan en la atención que recibe la población, sino también, y fundamentalmente, en las condiciones laborales de los profesionales de la salud.
En este marco, el sindicato médico, AMRA, emitió un comunicado de prensa en donde exhibió los problemas que está atravesando el sector en términos de remuneración. Una de estas aristas tiene que ver con la tensión que hay entre las empresas privadas y el Estado, dado que mientras se define un esquema de actualización de cuota los profesionales de la salud quedan a la espera de una recomposición salarial, la cual debería ser prioritaria.
Para finalizar, debe tenerse en cuenta que este esquema tripartito no se replica en otras partes del mundo, lo que debiera llamar la atención y replantearse en su totalidad. Es claro que se necesita una reforma, pero para hacerlo hay que hacer un análisis profundo para poder abordar los problemas de raíz.
Por Ana Laura Jaruf. Publicado originalmente por BAE Negocios
