por En un contexto inflacionario, gestionar con el nivel de gasto del ejercicio anterior, podría implicar al Gobierno Nacional una ventaja en relación con la mayor discreción en la asignación de los recursos excedentes generados por el incremento de la recaudación o bien, por la eliminación de los gastos que no volverían a repetirse en 2022
El Ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que el presupuesto nacional será prorrogado. Ante lo acontecido el pasado viernes 17 de diciembre luego de una extensa sesión de debate, cuando la Cámara de Diputados con 132 votos en contra y 121 a favor rechazó el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2022.
¿Qué cuestiones se discuten en el tratamiento del presupuesto?
Los recursos y los gastos que hará el gobierno nacional en todo el territorio argentino -durante el 2022-, como así también sus compromisos con el exterior, el resultado financiero (déficit o superávit fiscal), nivel de endeudamiento, los planes de obra pública plurianual, entre los principales. Todo ello en el marco de un escenario proyectado en función de la evolución de las principales variables económicas de nuestro país para el año próximo. Además, el proyecto preveía prórrogas y facultades del Poder Ejecutivo para legislar en materia tributaria, entre otras.
¿Cuáles fueron los principales argumentos de la oposición para llegar a esta decisión?
Los cuestionamientos vienen de la mano del escenario macroeconómico tanto para las proyecciones de cierre de 2021, que a un mes de finalizar el ejercicio serían de imposible cumplimiento, y las del año que viene referentes a la inflación, tipo de cambio, salarios reales, entre las más vapuleadas.
Si bien el equipo económico y varios ministros de otras carteras explicaron los lineamientos del proyecto durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda lo cual permitió tener un dictamen favorable, evidentemente no fue suficiente para lograr su aprobación una vez elevado al recinto.
A su vez, los principales referentes de la bancada opositora también cuestionaron el articulado que preveía prórrogas y facultades del Poder Ejecutivo en materia tributaria aduanera.
En el dictamen de comisión de este bloque se mencionaba que no podrían convalidar lo dispuesto por los artículos 80, 81, 82 y 85 dado que implicaba seguir sosteniendo la ya elevada presión tributaria para el contribuyente. Cabe mencionar, que los artículos 80 y 81 disponían la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2024 de la alícuota del 3% (hasta 2019 era del 2,5%) de la Tasa de Estadística y extendía las facultades al Poder Ejecutivo respecto de establecer alícuotas máximas a los derechos de exportación. Mientras que el artículo 82 ampliaba temporalmente la facultad del Poder Ejecutivo de modificar las alícuotas sobre los bienes situados en el exterior, en el marco de la Ley de Impuesto a los Bienes Personales.
Incluso, este martes 21 de diciembre a pedido del bloque opositor se trató el proyecto de incremento del mínimo no imponible del Impuesto a los Bienes Personales. Es importante señalar que este proyecto fue elaborado por el bloque oficialista, y cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores, en donde se votó pasar de $ 2 millones a $ 6 millones el mínimo no imponible y de $18 millones a $30 millones el piso del valor de los inmuebles exentos destinados a casa-habitación, por lo que muchos contribuyentes (los de menor patrimonio) dejarían de pagar el impuesto.
A su vez, también se introdujo una modificación sobre la alícuota máxima -de 1,25% a 1,5%- para aquellos contribuyentes con patrimonio mayor a $100 millones a 300 millones y de 1,75% para quienes tengan más de $300 M, con esto se espera que el impacto recaudatorio fuera neutro.
Además, tampoco regirá el tratamiento especial para la aplicación del ajuste por inflación -a razón de un tercio por año para los casos previstos en la Ley- en el Impuesto a las Ganancias. Esto beneficia a los contribuyentes al aplicar el 100% del ajuste por inflación en el ejercicio próximo, a la vez que reduce significativamente la recaudación de uno de los principales impuestos nacionales, impactando negativamente en los recursos de la Nación, la Provincias, CABA y los Municipios dado que se trata de un impuesto 100% coparticipable.
¿Qué implica para el Gobierno Nacional no tener un presupuesto aprobado para el año que viene?
No es la primera vez que el gobierno nacional debe encarar su gestión sin el presupuesto aprobado, esto también ha sucedido, por ejemplo, en los años 2011 y 2020. La Ley de Administración Financiera (Ley 24.156) prevé en estos casos una prórroga por parte del poder ejecutivo nacional de la ley de presupuesto aprobada para el ejercicio anterior.
Por un lado, en un contexto inflacionario, gestionar con el nivel de gasto del ejercicio anterior, podría implicar al Gobierno Nacional una ventaja en relación con la mayor discreción en la asignación de los recursos excedentes generados por el incremento de la recaudación o bien, por la eliminación de los gastos que no volverían a repetirse en 2022, como podrían ser algunos vinculados con la atención de la pandemia y sus consecuencias económicas. Por el contrario, un nuevo rebrote volvería insuficientes los niveles asignados.
Por otro lado, se preveían algunos retoques en materia tributaria que podrían impactar positivamente en los recursos tanto nacionales como provinciales que, al no haberse aprobado, implicarán un impacto negativo sobre los presupuestos provinciales, según aseguró el Presidente de la Cámara de Diputados a través de su cuenta de twitter.
No pareciera que la no aprobación del presupuesto traiga consigo grandes implicancias en la economía real, concretamente el Poder Ejecutivo tiene las facultades suficientes para gestionar el año que viene. Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, trae efectos negativos en relación con la transferencia de recursos coparticipables a las provincias y CABA, es por esto, que la implicancia inmediata será que las provincias deban revisar sus presupuestos ya que la suma total estimada de recursos ahora no contemplados supera los 180.000 millones de pesos.
Frente a las enormes adversidades que enfrenta el país en términos económicos, con índices de pobreza que nos retrotraen a las épocas más oscuras de nuestra historia, tal vez una de las consecuencias más negativas sea el mensaje político que se le envía a la sociedad, con una oposición sumamente irresponsable y negada a generar mínimos consensos internos, además de incapaz de responsabilizarse de una gran parte de la situación que enfrenta la Argentina en este momento.
El acuerdo con el FMI
Guzmán fue a Diputados a explicar el cálculo de gastos pero hubo muchos cuestionamientos. Es probable que, en el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional por la deuda contraída por el gobierno anterior sin ninguna partida que sustentara el crecimiento salvo algunas pocas cuentas bancarias en el exterior, el mensaje transmitido en el recinto sea de debilidad.
El Ministro Guzmán durante la exposición en el Congreso expresó su voluntad de acuerdo y de soberanía: «Somos todos uno aquí; somos un Estado Nación negociando con el resto del mundo para que podamos como Nación soberana poder llevar adelante el programa de políticas públicas que queremos sin tener los condicionamientos que de forma general toda deuda implica, pero en particular, la deuda con el FMI históricamente ha conllevado para las naciones del mundo»
La oposición, por su parte, tomó otra postura desde un principio. El Diputado Martin Tetaz, electo en noviembre en la lista denominada Juntos manifestó antes de la llegada del proyecto al recinto: “Estamos a un paso de la mayoría que necesitamos para voltear el Presupuesto” Y advirtió que “si algún diputado de Juntos vota a favor del proyecto, o se levanta, o se indispone, va a ser un escándalo”. Queda claro, que la decisión de votar en contra era política y no económica como quisieron exponer después.
Valdría la pena reflexionar, las consecuencias que le deja a la sociedad en su conjunto, la imposibilidad de llegar a mínimos acuerdos que nos devuelve como resultado mayores niveles de improvisación en un contexto crítico de la economía argentina, y honrar las premisas básicas de las instituciones democráticas que tenemos en nuestro país.
Por Laura Testa. Publicado originalmente para BAE Negocios
