por Tras la publicación del entendimiento con el Fondo, no queda claro si el acuerdo con el FMI constituye un programa anti-inflacionario y de reactivación económica o si estos objetivos pueden ladearse
La primera novedad sobre el acuerdo con el Fondo fue la definición del esquema tarifario para los servicios de luz y gas que, según informó el propio presidente en la apertura de las sesiones legislativas el 1 de marzo, implicará aumentos menores a las subas salariales del año anterior. En un contexto de aceleración inflacionaria como el que estamos viviendo, esto es beneficioso para los usuarios.
El esquema estará vigente en 2022-23 con subas del 21,4% para los beneficiarios de la tarifa social, 42,7% para los demás usuarios y tarifa plena para el decil más rico y grandes usuarios durante el primer año calendario. Estos se suman a los ajustes del 20% en la luz y 17% del gas que regirán a partir de abril.
Con una inflación proyectada en torno a 55% para este año –y un aumento del tipo de cambio que deberá acompañar- más las subas internacionales del precio del petróleo y el GNL, resta mensurar el impacto final de la segmentación que debería permitir reducir los subsidios en 0,6% del PIB. Los diputados de la oposición ya pusieron esto en dudas.
Tanto el presidente como el FMI en su declaración a nivel staff enfatizaron en sus discursos el problema de la inflación. “No logramos reducir, en plena pandemia, la muy alta inflación que heredamos” reconoció el presidente y señaló solo la conducta individual de “remarcar por las dudas” como su causa. Apuntó así al factor inercia inflacionaria como driver; lectura para nada alejada de la realidad y que supone una dificultad para reducirla: que quien perdió algo en el pasado no recupera todo lo perdido, como explica Eduardo Crespo.
Pese a la multicausalidad tantas veces argüida por el ministro Guzmán y representantes del Fondo, la explicación del organismo fue la ortodoxa clásica: “detener financiamiento monetario del déficit fiscal” y “mejorar de manera creíble las finanzas públicas” para bajar la inflación. Para ello es necesario achicar el peso de los subsidios, es decir, una política es inflacionaria en el corto plazo, pero deflacionaria en el mediano… Alguien tiene que perder y hay que elegir quiénes si queremos calmar la inflación siguiendo las palabras de Fernández.
Para Martín Guzmán, la acumulación de reservas, que permitirá estabilizar la paridad cambiaria y -en segundo lugar en importancia- reducir la emisión, es la manera de resolver el problema inflacionario. Es un argumento heterodoxo si bien las menciones a las “expectativas” y la “confianza” –típicas entre los economistas modernos– siembran dudas en algunos colegas.
Guzmán se comprometió a que el movimiento del tipo de cambio sea “más o menos parecido” al de la inflación, es decir, no solo se sueltan amarras en la regulación de tarifas sino en materia cambiaria. El programa con el FMI parece bastante más inflacionario que lo contrario…
Las estimaciones privadas marcaron una suba de precios en febrero similar a la de enero, en torno a 4% mensual. Esto supone una inflación acumulada en el primer bimestre del año que duplica a la que debería registrarse para cumplir con las proyecciones oficiales realizadas al Fondo: un rango de inflación entre el 38 y 48% en 2022. Las subas de los alimentos frescos continúan liderando la variación del índice local de precios.
Por otro lado, se conoció el viernes la letra chica del acuerdo; los famosos memorandos que deberá aprobar el Congreso para luego contar con el sello del board del FMI. Allí se detalla el esquema de los 11 desembolsos en DEGs equivalentes, que serán mayores a los pagos que deberá concretar Argentina.
Esto permitirá acumular reservas. En marzo, luego de la aprobación del board, nos girarían USD 9.800 millones y en junio USD 4.200 millones, tras la primera revisión técnica. En suma y si todo sale bien recibiríamos el equivalente a USD 26.000 millones en 2022: suma que se asignará al cronograma de pagos del stan-by macrista de 2018 que estipulaba vencimientos por unos USD 20.000 millones para este año.
Es decir, nos quedaría un resto de reservas para asistir otros pagos: la demanda local de divisas y los pagos con el Club de París principalmente.
Por Mara Pedrazzoli. Publicado originalmente para BAE Negocios
