por En el proyecto de Presupuesto 2023 se especulaba con dos recortes en partidas sensibles, máxime en un año electoral, pero no se verifican en los papeles.
El Presupuesto debe leerse como una hoja de ruta de intenciones o de objetivos que se propone un gobierno a lo largo de un año. Allí se detalla la distribución de recursos entre las distintas áreas: para cada ministerio, para cada finalidad o función del gasto, para distintas jurisdicciones geográficas, etcétera.
De todas formas, las partidas presupuestadas van sufriendo modificaciones durante el año debido a que una subestimación de algún parámetro macro (como por ejemplo la inflación) suele dar lugar a una recaudación mayor que la estimada y esos recursos se reasignan discrecionalmente.
Pero la hoja de ruta está trazada en el proyecto original. En el de 2023, la inflación proyectada es del 60% anual y si se la compara con las partidas que recibiría cada ministerio puede atisbarse una idea de prioridades relativas. Por ejemplo, crecen por debajo del índice de precios el presupuesto para los ministerios de Economía y Transporte (lo cual se explica por la quita de los subsidios energéticos y al transporte) pero sorprende encontrar en este grupo también al ministerio de Trabajo (si bien en lo concerniente a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y no a la Anses), al de Turismo, al de Ambiente, al de Salud, al de Educación y al de Mujeres, Géneros y Diversidad, entre los destacados.
¿Se trata o no se trata de un Presupuesto de ajuste? Lo que sabemos es que no se moverá de las metas acordadas con el FMI, lo cual supone que el déficit primario se reducirá del -2,5% del PBI estipulado para este año a -1,9% durante el año próximo.
No hay sorpresas al respecto: la «redistribución» de los subsidios energéticos hará el trabajo sucio (mermarán en 0,6% del PBI en 2023 y en 0,3% este año) y las subvenciones al transporte público harán otro tanto (0,1% del PBI en 2023). Más aún, en una maniobra política desafiante, Massa incorporó una «separata» en donde sugiere un sobrecumplimiento de la meta fiscal mediante la eliminación de ciertos beneficios fiscales a sectores, regiones o empresas (que alcanzarían una suma de 2,5% del PBI). No propone subir impuestos (algo que la oposición rechazará de cuajo), pero tampoco acentuar los recortes del gasto.
Si miramos los números finos se advierte que los ingresos totales que prevé recaudar la administración nacional crecerán en 2023 por encima de los gastos primarios (76,6% contra 65,8%). Es un escenario más optimista que el observado en los primeros siete meses de este año, en donde la recaudación se contrajo 8% en términos reales y el gasto creció a la par de la inflación (46% acumulado).
A su vez, el Presupuesto prevé una reducción del crecimiento económico a la mitad en 2023, lo cual siembra dudas con respecto a la recaudación. Los recursos no tributarios (113% anual) crecerán por arriba de los tributarios (76,7%).
Se especulaba con dos recortes en partidas sensibles, máxime en un año electoral, pero no se verifican en los papeles. Por un lado, la inversión real directa (que da cuenta de la obra pública) subirá un 82% en 2023 (es decir, por arriba de la inflación estimada en 60%), en tanto que las transferencias a las provincias aumentarán en línea con el índice de precios.
Los servicios de la deuda pública (que Martín Guzmán había logrado orillar en el 1,7% del PBI en 2021) representarán el 2% del PBI en 2023, por lo que se mantienen relativamente estables. En tanto que los servicios sociales, que son mayoritarios (incluyen desde el sistema previsional hasta los programas como la Tarjeta Alimentar y el Potenciar Trabajo), representarán el 13% del PBI.
Varios analistas coinciden en señalar que se trata de un Presupuesto «más realista», ya que la inflación estimada en 60% no se aleja demasiado del promedio de las consultoras privadas que releva el Banco Central, que la ubican en 85%. Como nota al pie, el Presupuesto 2022 rechazado estipulaba una inflación del 33%, mientras que este año cerrará cerca de 95% anual; a su vez, el del último año de la administración macrista hablaba de una inflación del 23%, pero el 2019 cerró en un 54% anual.
Tanto el REM del BCRA como el Presupuesto prevén una desaceleración inflacionaria, pero sabemos puntualmente a través de qué canales se conseguirá esto, ya que el Presupuesto no es un programa macroeconómico. Solo el acuerdo con el FMI da pistas: moderación fiscal y monetaria. También la merma del crecimiento económico proyectado contribuirá a apaciguar la dinámica de precios y a cuidar el balance externo vía reducción de la tasa de crecimiento de las importaciones. Buenas y malas noticias a la vez, que deberemos seguir de cerca. El país todavía enfrenta enormes deudas distributivas que los períodos más expansivos no lograron saldar.
Por Mara Pedrazzoli. Publicado originalmente para BAE Negocios
